La violencia contra las mujeres es un grave problema social que afecta a millones de personas en México y en el mundo. Se trata de una violación a los derechos humanos que impide el desarrollo pleno de las mujeres y limita su participación en la vida pública. Por eso, es importante que las víctimas de violencia conozcan sus derechos y las medidas de protección que existen para salvaguardar su integridad y dignidad.
Las medidas de protección son acciones que buscan prevenir, evitar o cesar la violencia contra las mujeres, así como garantizar su seguridad y bienestar. Estas medidas pueden ser solicitadas por las propias víctimas o por cualquier persona que tenga conocimiento de una situación de violencia. También pueden ser ordenadas por las autoridades competentes, como el Ministerio Público, el juez o la policía.
Existen diferentes tipos de medidas de protección según el nivel de riesgo, la urgencia y la duración. Algunas medidas son:
- Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima.
- Limitación para asistir o acercarse al domicilio, lugar de trabajo o estudio de la víctima.
- Separación inmediata del agresor del domicilio compartido con la víctima.
- Entrega inmediata de objetos personales y documentos de identidad de la víctima que tenga el agresor en su posesión.
- Prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima o a personas relacionadas con ella.
- Vigilancia en el domicilio o lugar donde se encuentre la víctima.
- Protección policial de la víctima.
- Auxilio inmediato por parte de la policía al domicilio o lugar donde se encuentre la víctima cuando lo solicite.
- Traslado de la víctima a refugios o albergues temporales, así como de sus hijos e hijas si los tiene.
- Reingreso de la víctima a su domicilio una vez que se garantice su seguridad.
Estas medidas están previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Víctimas y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Su aplicación debe ser fundada, motivada, proporcional y adecuada al caso concreto. Además, deben ser respetuosas de los derechos humanos y culturales de las víctimas.
Para solicitar una medida de protección, la víctima puede acudir al Ministerio Público, al juez o a la policía. También puede recibir orientación y asesoría en el Programa de Atención a Víctimas del Delito (PROVÍCTIMA) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o en los centros especializados para mujeres que existen en cada entidad federativa.
Las medidas de protección son un derecho fundamental de las víctimas y una obligación del Estado. Su cumplimiento efectivo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso, es necesario que las mujeres sepan que no están solas y que cuentan con el apoyo y la solidaridad de la sociedad y las instituciones para salir del círculo de violencia y recuperar su libertad y dignidad.
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