México es uno de los Estados parte de los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos que prohíben la tortura y los malos tratos. En este contexto, el país ha experimentado cambios sustanciales a nivel normativo para dar cumplimiento a dichos dichos tratados.
Tras su visita oficial en 2014, el entonces Relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las Naciones Unidas, Juan Méndez, señaló que la tortura y los malos tratos son generalizados en México. En esa visita, el Relator especial «recibió numerosas denuncias verosímiles de víctimas, familiares, sus representantes y personas privadas de libertad y conoció varios casos ya documentados que demuestran la frecuente utilización de torturas y malos tratos» al interior de los centros de detención, lo cual fue confirmado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a raíz de su visita in loco de septiembre-octubre de 2015.
En el mismo sentido, el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT), tras su visita a México en diciembre de 2016 señaló que un gran número de personas alegaron haber sido torturadas al momento de la privación de la libertad y en las horas posteriores, en los ingresos y traslados a los lugares de detención, durante los interrogatorios y en los espacios donde se encuentran detenidas por largos periodos, como centros de internamiento. El Comité contra la Tortura (CAT) compartió en 2019 la misma preocupación por la alta incidencia de la tortura en el país.
En 2020, la República mexicana contaba con 295 centros penitenciarios y 45 centros de internamiento para adolescentes, de los cuales 117 presentaba sobrepoblación. Sin embargo, la sobrepoblación y el hacinamiento se agravan debido a los estrictos regímenes que imperan en muchos de estos lugares, ya que las personas pueden pasar entre 22 y 24 horas diarias encerradas en sus celdas y casi no tienen acceso al aire libre ni a oportunidades laborales, educativas o recreativas. Por otro lado, en los centros en donde los sistemas carcelarios son menos estrictos «se advirtió mucha flexibilidad respecto al régimen al que está sujeta la población detenida»
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