El pasado 6 de abril, la Comisión de Justicia del Senado de la República aprobó por unanimidad el dictamen que expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con el objetivo de homologar los procesos judiciales en estas materias en todo el país.
Este código es resultado de un amplio proceso de consulta y análisis con diversos actores del ámbito jurídico, académico y social, que buscó recoger las mejores prácticas y experiencias de los códigos locales y federales vigentes, así como incorporar los principios y estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Entre los aspectos más relevantes del código se encuentran:
- La incorporación de la oralidad como principio rector de los procedimientos civiles y familiares, lo que permitirá agilizar la resolución de los conflictos y garantizar una mayor transparencia y publicidad de las actuaciones judiciales.
- La simplificación y unificación de los tipos de juicios y recursos, así como la eliminación de trámites innecesarios o duplicados, lo que reducirá la carga de trabajo de los juzgados y facilitará el acceso a la justicia para las personas.
- La regulación de las medidas cautelares y las medidas provisionales, con el fin de proteger los derechos e intereses legítimos de las partes en litigio, así como prevenir daños irreparables o difíciles de reparar.
- La introducción de mecanismos alternativos de solución de controversias, como la mediación y la conciliación, que fomentan el diálogo y la colaboración entre las partes para alcanzar acuerdos satisfactorios y pacíficos, evitando la judicialización innecesaria de los conflictos.
- La incorporación de disposiciones específicas para garantizar el acceso a la justicia de los grupos en situación de vulnerabilidad, como las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes, las personas con discapacidad, las personas indígenas y las personas migrantes, entre otros.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representa un avance histórico para la modernización y fortalecimiento del sistema judicial mexicano, así como para la protección y promoción de los derechos humanos en el ámbito civil y familiar.
Se espera que el dictamen sea discutido y votado por el pleno del Senado en el próximo periodo ordinario de sesiones, para posteriormente ser enviado a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación.
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